En esta primera jornada se escuchó a la mitad de las 400 personas que se inscribieron, por lo cual continuará el martes próximo. Los vecinos se manifestaron en contra de la iniciativa al considerar que impactan negativamente en la calidad de vida de la ciudadanía.
La primetra audiencia pública en la Legislatura porteña por los convenios urbanísticos, firmados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y constructoras privadas para levantar once nuevas torres en distintos barrios, reunió a vecinos y vecinas que se manifestaron en contra de la iniciativa al considerar que “alimentan la especulación inmobiliaria” e impactan negativamente en la calidad de vida de la ciudadanía.
La audiencia se desarrolló en el Salón San Martín del Palacio Legislativo con una modalidad que combina la presencialidad de los diputados con la participación remota de los ciudadanos, de acuerdo a los protocolos sanitarios por el coronavirus, y en la cual se escuchó a la mitad de las 400 personas que se inscribieron, por lo cual continuará el martes próximo.
La audiencia tiene como finalidad escuchar la opinión de la ciudadanía respecto de la ley que ya cuenta con una primera sanción de la Legislatura y que avala once convenios urbanísticos alcanzados por la administración porteña con desarrolladoras inmobiliarias para ampliar la capacidad constructiva y la altura de futuras edificaciones en los terrenos comprendidos en los acuerdos.
El primer expositor fue Aníbal Del Olmo, director de Antropología Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano porteña, quien señaló que «un convenio urbanístico es una propuesta que trae un privado al Gobierno de la Ciudad, en función de la posibilidad que tiene para construir en su parcela, plantea una alternativa diferente que modifica lo que puede hacer y trae una propuesta como contraprestación».
Según explicó, cada una de las once propuestas fue analizada en base a “sus atributos” entre los cuales mencionó “la relación del volumen propuesto y el entorno, la permeabilidad, los equilibrios de usos, la forestación y la sustentabilidad urbana”, tras lo cual se estableció un “puntaje urbanístico” que, sumado a la zona de implantación del proyecto, definió el valor de la contraprestación que aportará el privado.
Luego, Andrés Borthagaray, presidente de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, consideró que «cada uno de estos once convenios urbanísticos merece un tratamiento caso por caso, con una opinión registrada de cada comunidad y entorno barrial afectado».
Por su parte, la legisladora del FIT Amanda Martín aseguró que “se trata de proyectos inmobiliarios de lujo que no tienen nada que ver con la necesidad de la población” y afirmó que “van a afectar a barrios tradicionales frente a una crisis habitacional donde un 40% de la población alquila su vivienda”.María Paz Carreira Griot, miembro de la Junta Comunal 14, del barrio de Palermo, consideró que “estas excepciones a la norma nunca benefician a los vecinos de la ciudad, al contrario, dan mayor constructividad para beneficiar a los grandes desarrolladores inmobiliarios”. Por su parte, Gabriel Sánchez, de la Junta Comunal 1, consideró que “los convenios se parecen más a un blanqueo de excepciones inmobiliarias que a una política pública pensada para los vecinos y las vecinas”; al tiempo que Diego Achile, de la Junta Comunal 13, indicó que “tienen un agravante que es la mercantilización de la norma urbana”.La vecina de Núñez Marina Tallarico, en tanto, calificó a los acuerdos como “un atropello que permite construcciones de torres inmensas, no sólo en avenidas, sino también sobre los corazones barriales”.Jonatan Baldiviezo, del Observatorio de la Ciudad y de la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos”, atribuyó la proliferación de los convenios urbanísticos a una “política de desplanificar la Ciudad de Buenos Aires a través de la acumulación de excepciones urbanísticas para continuar alimentando la especulación inmobiliaria y la caja política”. “Estamos frente a la compra de leyes de parte de desarrolladoras inmobiliarias”, agregó y sostuvo que “estos convenios urbanísticos son nulos porque no tienen el norte de garantizar el bien común, sino el de favorecer los intereses privados”. Por su parte, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, advirtió que, de sancionarse los convenios, “van a favorecer el negocio de empresas constructoras ya que son aproximadamente 200 mil nuevos metros cuadrados construidos” en el distrito. “No vienen a mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, sino que ofrecen una compensación económica, entonces se compran leyes de excepción en la Legislatura”, destacó.
El paquete de convenios, no obstante, requiere de una segunda sanción legislativa dado que se encuadran en las normas denominadas «de doble lectura», las que contemplan un proceso que, a su vez, incluye la realización de la audiencia pública antes del nuevo debate en el recinto.
Entre las torres que se prevén construir está una de 53 metros en Amenábar 1501, esquina Virrey Olaguer y Feliú, en el barrio de Colegiales, sobre una parcela de casi 600 metros cuadrados; otra de 60 metros en Lafinur 3126, en Palermo; y también en avenida Del Libertador 5723, esquina La Pampa, del barrio de Belgrano.
Las torres a construir
Una de las torres se construirá en Campichuelo 644, del barrio de Caballito, en una parcela de 2.135 metros cuadrados donde funcionaba un centro médico privado.
También se planea levantar una torre en Amenábar 1501, esquina Virrey Olaguer y Feliú, en el barrio de Colegiales, sobre una parcela de casi 600 metros cuadrados; en este caso, el nuevo edificio alcanzará los 53,8 metros de altura.
Otro proyecto es el de la calle Lafinur 3126, en Palermo, en un predio de 1.590 metros cuadrados donde actualmente hay una casa abandonada de planta baja y un solo piso, y la nueva torre será de 60 metros de altura.
Otro edificio, en este caso de 51 metros de altura, se construirá en avenida Del Libertador 5723, esquina La Pampa, del barrio de Belgrano, en un terreno de 1.558 metros cuadrados donde funcionó un complejo de canchas de fútbol.
En Arcos 1865, también Belgrano, en una parcela de 700 metros cuadrados, se prevé levantar una torre de 71 metros.
Por otro lado, en el barrio de Núñez, sobre la calle Arcos al 3631, esquina Crisólogo Larralde, se construirá una torre de 65 metros, en un predio de 1.491 metros cuadrados, donde hay un edificio de oficinas de un solo piso.
En el barrio de San Cristóbal, en un terreno ubicado en la avenida San Juan al 2502, esquina Alberti, donde hay una construcción baja abandonada, se proyecta una torre vidriada de 74 metros de altura.
En la avenida Corrientes 5761, en Villa Crespo, sobre una parcela de 1.071 metros cuadrados, que es actualmente un terreno baldío, se construirá un edificio de 72 metros.
En la calle 11 de Septiembre 1535, en Belgrano, en un terreno de 882 metros cuadrados, donde hay un inmueble catalogado como histórico con «protección especial cautelar», se conservará su fachada para levantar detrás de ella una torre de 53 metros.
En el barrio de Almagro, sobre la avenida Corrientes 3410, esquina Gallo, en una parcela de 1.200 metros cuadrados donde hay un inmueble de planta baja y un piso, se construirá una torre de 73 metros de altura.
Y en la esquina de Díaz Vélez y Virasoro, del barrio de Caballito, sobre un predio de 616 metros cuadrados en el que hay una casa abandonada, se levantará un edificio de 53 metros de altura.
