El presidente Alberto Fernández habilitó el regreso del juez Farah a Comodoro Py.
n la quiniela el 53 significa «el barco». El presidente Alberto Fernández parece embarcado en una travesía que dijo no haría. Esto es la influencia de los servicios de inteligencia en la Justicia. Lo afirmó al asumir el cargo hace más de un año, al abrir las sesiones ordinarias del Congreso el año pasado y varias veces más y a través de diversos medios. Pero ya se conocen los dos refranes populares. Del dicho al hecho hay mucho trecho y ya ha pasado mucha agua bajo el puente.
El decreto 53 del flamante 2021 publicado este lunes 1 de febrero en el Boletín Oficial con la rúbrica del presidente de la Nación dice que el juez Eduardo Farah fue reintegrado a la sala II de la Cámara Federal penal porteña al dejarse sin efecto los traslados que él mismo había pedido dos años y medio antes y con seis meses de diferencia de ese tribunal a uno oral en lo Penal Económico y de éste a uno de San Martín. Quizás se trate del efecto más deseado en lo inmediato de la movida del Gobierno el año pasado en torno a los traslados de jueces.
Es cierto que la veloz y expeditiva maniobra del oficialismo en los tres poderes del Estado tuvo un cierto freno con la intervención de la Corte Suprema en los casos de los más famosos magistrados afectados por la medida, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, integrantes de la sala I del tribunal al que ahora regresa Farah. Tan cierto como que en varios despachos judiciales creían que el objetivo de la jugada con los jueces trasladados era el regreso de Farah a su antiguo puesto en Comodoro Py. Juez y Parte lo consignó de soslayo cuando estaba en pleno desarrollo el asunto el año pasado.
Desde la salida de Farah, la sala II de la más conocida cámara de la Justicia federal era ocupada en solitario por Martín Irurzun. Y muy probablemente desde mayo o junio también por Roberto Boico tras el larguísimo concurso en el Consejo de la Magistratura y el envío de su pliego al Senado por parte del presidente Fernández. Boico integró de manera subrepticia la Cámara Federal de Casación Penal y fue abogado de la actual vicepresidenta Cristina Fernández.
¿Por qué la mención inicial a Fernández y sus anuncios y acciones en torno a la Justicia? Porque no es un secreto en el mundo judicial y político la vinculación de Farah con Javier Fernández, más conocido por sus influencias en la Justicia que por su rol como auditor general de la Nación. Y quien habla de Fernández habla de Antonio Horacio Stiuso, el histórico hombre fuerte de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) desplazado al final del segundo mandato de gobierno de la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Un solo botón de muestra, a la sazón el nudo de este asunto: el valor de las acciones de Stiuso en el mundo kirchnerista comenzó a caer cuando la sala I de la Cámara Federal, con el voto subrogante de Farah, declaró en mayo de 2014 la inconstitucionalidad del Memorandum de Entendimiento firmado en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández con la República Islámica de Irán en torno al atentado de 1994 contra la AMIA que provocó la muerte de 85 personas. En igual sentido que Farah firmó el luego jubilado Jorge Ballestero. El solitario voto contrario cantado era el de Eduardo Freiler, luego separado del cargo a través de un juicio político durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero el canto era porque él estaba excusado de intervenir en esa causa.
Este cronista recuerda la presencia del actual secretario de Justicia, Juan Martín Mena, en Comodoro Py fuera del horario de atención al público y los actos oficiales judiciales y más cerca de la noche. La hora del lobby en Tribunales o de los llamados alegatos de oreja. Fuentes judiciales dijeron en aquel momento que Mena se pasó la tarde en el despacho de Freiler del segundo piso del edificio más conocido del mundo político-judicial. Mena era entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y luego sería el segundo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que reemplazó a la vieja SIDE y significó la salida formal de Stiuso del organismo.
El resto de la historia es más o menos conocido. Ballestero y Farah fueron duramente cuestionados y hasta denunciados penalmente por el fallo que permitió la excarcelación del empresario Cristóbal López durante el gobierno de Mauricio Macri. El primero se jubiló y el segundo pidió su traslado a un tribunal oral en lo Penal Económico y luego a San Martín porque aún tenía que compartir edificio con jueces con los que al parecer no tenía relación. Al menos así lo dijo públicamente. Aún recuerdo su cándida explicación al final de la audiencia remota de la comisión de Acuerdos del Senado del año pasado a propósito de los jueces trasladados pero sin ratificación parlamentaria.
Bruglia y Bertuzzi seguirán en sus cargos pero a un cierto o relativo plazo fijo por decisión de la Corte. Deberán aprobar el concurso en el Consejo de la Magistratura y que los elija el Presidente de la Nación y dé su acuerdo el Senado. Puede pasar un año. Pueden ser más. La primera resolución que firmaron este lunes tras la feria de enero fue confirmar el procesamiento de Cristóbal López en la causa conocida como CPC aunque no por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública sino por el de negociaciones incompatibles con la función pública y le bajaron el embargo de 100 millones de pesos a 45 millones. ¿El caso? Una obra inconclusa en el Sur para llevar agua potable del Lago Musters desde la chubutense ciudad de Comodoro Rivadavia -cuna de sus negocios- a la santacruceña Caleta Olivia, donde ese esencial elemento es reclamado casi diariamente por sus habitantes.
FUENTE: Lucio Fernandez Moorez